El expresidente Carles Puigdemont y sus exconsejeros se han entregado voluntariamente a las 9.17 de esta mañana en una comisaría belga.

La Fiscalía de Bruselas ha confirmado en rueda de prensa que los políticos independentistas se han personado en las céntricas dependencias policiales situadas en el número 202 de la rue Royale de la capital belga.

Desde allí han sido trasladados hasta el edificio de la fiscalía, donde se encuentran en estos momentos acompañados de sus abogados a la espera de que esta tarde se les tome declaración.

Con su entrega voluntaria a la justicia belga, donde permanecerán privados de libertad, se inicia un proceso que puede demorarse en torno a tres meses. El juez tendrá 24 horas —hasta las 9.17 del lunes— para decidir entre dos opciones: mantener a Puigdemont y sus compañeros del Govern en prisión preventiva mientras la justicia belga decide sobre la euroorden, o dejarlos en libertad bajo ciertas condiciones.

Después será el turno de la Cámara del Consejo, la primera instancia judicial. Tendrá 15 días para pronunciarse sobre su entrega a la justicia española, pero su decisión podrá ser recurrida sucesivamente ante la Corte de Apelación y la de Casación, lo cual permitiría a Puigdemont seguir en Bélgica hasta enero o febrero y hacer desde allí la campaña de unas elecciones para las que se ha propuesto como candidato y ha pedido una lista unitaria independentista.

En cambio, si Puigdemont aceptara ser juzgado en España, el proceso se aceleraría y sería entregado a las autoridades españolas en breve. Pero esa opción es del todo improbable. Como dejó claro la última vez que se ha dejado ver, durante la entrevista a la televisión pública belga, el expresidente no cree en la imparcialidad de la justicia española. “Está politizada. No hay garantías de un juicio justo e independiente”, aseguró. En el estudio de la televisión francófona, Puigdemont dijo querer ser juzgado por “la justicia verdadera”, una categoría en la que no incluye a la española.