El Gobierno promulgó la ley 27.372 de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos, que tiene como fin la tutela integral y el asesoramiento a los afectados o a sus derechohabientes que podrán seguir de cerca las actuaciones judiciales.

De acuerdo a la iniciativa, cada provincia contará con un defensor que deberá asesorar a los afectados por un delito o a sus herederos sin cargo. El proyecto reconoce a las víctimas sus derechos a asistencia, protección, acceso a la justicia y celeridad.

Los afectados por un hecho delictivo deben recibir un trato digno y respetuoso, podrán requerir medidas de protección, intervenir como querellantes, aportar información, exigir un resarcimiento y podrán solicitar medidas de coerción. Además, las autoridades deben actuar bajo los principios de la rápida intervención, el enfoque diferencial de acuerdo con cada caso y la no revictimización.

El proyecto dispone además protección especial a menores de edad, discapacitados, y mayores de 70 años, y también a las personas que tengan una relación de convivencia, dependencia económica, afectiva o laboral con el supuesto autor del delito.

Dentro de las modificaciones acordadas, se incorporó a la norma la figura de un defensor público de la víctima, que tendrá que ser designado uno por cada provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Además.