El Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados de la provincia decidió este martes enjuiciar al juez Nicolás Muse Chemes.El magistrado es cuestionado por un fallo mediante el cual fue absuelto un hombre denunciado por violar reiteradamente a sus hijas menores de edad.

Además de declarar que sea sometido a enjuiciamiento, el Tribunal definió suspenderlo de manera provisoria en el ejercicio de sus funciones.

Muse Chemes había presentado su renuncia por escrito el 23 de agosto y fue aceptada por la Corte Suprema se la aceptó rápidamente. Sin embargo, la decisión del Poder Ejecutivo provincial fue rechazarla dando vía libre al pedido de enjuiciamiento que había en su contra.

Los fallos cuestionados

En 2011 una joven de 19 años denunció ser víctima de abuso sexual incestuoso desde los 13 años por parte de su padre, quien además abusaba de sus hermanas. El juicio terminó con un fallo a favor del imputado, por parte del magistrado. En 2012 la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Vera ratificó la sentencia absolutoria del padre que quedó firme, porque el fiscal no apeló la resolución.

La causa, conocida como caso C.E.R llegó a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que revisó el expediente y las sentencias concluyendo que el acusado fue absuelto en base a concepciones discriminatorias, estereotipos de género y de clase, así como la desestimación constante de los dichos de la víctima y la valoración de la prueba aportada, analizada a través de una mirada justificativa de actitudes violentas.

Si bien ese fue el fallo más cuestionado del magistrado, en otra oportunidad, Muse Chemes absolvió en 2012 a “Bibi” Sánchez, ex empleada del poder judicial que organizaba fiestas sexuales con menores de 12 y 13 años en Vera. Sánchez había sido denunciada por corrupción de menores pero la sentencia de Muse Chemes la dejó en libertad.

De todos modos, la Cámara de Apelaciones en lo Penal de la 4a. Circunscripción Judicial hizo lugar en su momento al recurso presentado por la Fiscalía y la querella, y revocar el fallo decisorio de primera instancia que benefició a Sánchez y otros imputados, quienes finalmente fueron condenados a 7 años de prisión.

El gobierno de la provincia había argumentado, cuando rechazó la renuncia del juez, que la decisión obedecía al objetivo de “no entorpecer el funcionamiento del Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados en su tan importante labor”. Es así como el Tribunal logró tener los elementos necesarios para iniciar el jury de enjuiciamiento contra el magistrado santafesino.