La Corte Suprema de Justicia falló a favor de la provincia de Santa Fe en su reclamo de coparticipación contra el Estado nacional. Se trata de dos expedientes paralelos en los que se debían establecer los montos totales y la forma de pago de una sentencia de 2015 que firmó el máximo tribunal, pero cuya ejecución se fue dilatando en el tiempo, y que representó un reclamo por más de $ 86.000 millones. Exactamente, se le deberán devolver a Santa Fe $ 54.023.114.304 millones por una causa y $ 14.036.708.553 por la otra. Y otros $ 18.000 millones por una queja idéntica radicada en la Corte en 2009.

La decisión surge horas después de que el ministro de Justicia Martín Soria visitara por primera vez en ocho meses a los jueces en el cuarto piso de los tribunales de Talcahuano y se despachara con duras críticas hacia el funcionamiento de la Justicia y de la propia Corte Suprema. Como trasfondo, además, se encuentra la presentación del Gobierno de un proyecto ante el Congreso para que se trate la reforma del Consejo de la Magistratura.

El gobierno de Santa Fe formalizó ante la Corte la semana pasada su reclamo para que se establezcan pautas de cómo se tenía que liquidar la millonaria deuda que el Estado mantiene con la provincia que gobierna el peronista Omar Perotti, de diálogo fluido con el Ejecutivo nacional.

El pedido rebotó rápidamente y tuvo recepción en el máximo tribunal, que hace seis años, poco después de que Mauricio Macri se impusiera en las elecciones presidenciales, había decidido que se les dejara de percibir a Santa Fe, Córdoba y San Luis el 15% de coparticipación con el que se financiaba a ANSeS y el 1,9% que se les quitaba por AFIP, y que además se estableciera un plazo de 120 días para negociar términos y plazos de pago de las sumas retenidas a las provincias.

Así, siguiendo los reclamos por AFIP y ANSeS, se trata de de dos expedientes separados en los que, como a la fecha la deuda continuaba impaga, el máximo tribunal se abocó a resolver el tema de la liquidación, indicaron fuentes judiciales. Entre ambos pagos, se superan los $ 68.000 millones que deberá abonar el Estado nacional a la provincia. Y se añaden otros $ 18.000 millones por una causa homónima de 2009.