La interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI, ex Side), Cristina Caamaño, le confirmó ayer al diputado nacional por Santa Fe Marcos Cleri (Frente de Todos, FdT) que se nombre figura en una lista de archivos hallados en un disco extraíble de una computadora que era parte de esa repartición oficial. La información sensible habría sido recolectada ilegalmente de correos electrónicos personales de un centenar de dirigentes políticos y periodistas durante el gobierno de Mauricio Macri. La funcionaria confirmó que hoy realizará la denuncia penal por espionaje y violación de correspondencia, en un contexto donde todo indica no existe una orden judicial con semejante indicación de escuchar a un centenar de personas.

La mayoría de los espiados fueron legisladores nacionales de la entonces oposición. Y, en especial, colaboradores vinculados al Instituto Patria, que conduce la vicepresidenta Cristina Kirchner. Por lo demás, según trascendió, fue ilegalmente intervenida información personal de dirigentes de la propia fuerza política en el poder hasta el 10 de diciembre pasado (Laura Alonso y Emilio Monzó, entre otros).

“No nos sorprende que el gobierno de Macri, con Gustavo Arribas y Silvia Majdalani (ambos ex funcionarios de la AFI), haya espiado a dirigentes políticos. En todo caso, cuando se procese la prueba se terminará de confirmar que fue una práctica permanente de la gestión anterior”, explicó a La Capital Cleri.

Con todo, el legislador agregó: “Que no nos sorprenda no significa que lo tengamos que normalizar”. También adelantó que se presentará como querellante en la causa.”Yo sería uno de los tantos damnificados”, argumentó.

Respecto de sobre quién cree que estaba en el vértice superior del entramado de inteligencia que espió a dirigentes políticos, Cleri dijo: “Macri les daba la orden. Macri condujo un sistema ilegal de escuchas, de persecución política, especialmente contra Cristina”.

En tanto, hoy se volverá a reunir la comisión bicameral de Trámite Legislativo (trata los DNU presidenciales), que preside Cleri y donde se analizará —entre otros temas— el decreto Nº 256/2015, del 24 de diciembre de ese año, por el cual se transfirieron al Departamento de Intercepción y Captación de Comunicaciones de la Procuración General a la Corte Suprema de la Nación.

“No era legal, y ahora se demuestra que teníamos razón”, expresó Cleri. El DNU será anulado y “sería la primera vez en la historia que, en un período presidencial, se deroga un DNU del período anterior”, abundó el rosarino.

LaCapital