En este breve pero claro repaso de claves, te invitamos a comprender lo ocurrido con la salida o liberación de presos en el marco de la pandemia en Argentina.

LA ACORDADA DE LA DISCORDIA

La justicia firmó una acordada para el otorgamiento de prisiones domiciliarias que en ningún momento autoriza la liberación de delincuentes detenidos por delitos graves, leé lo que dice aquí:

La acordada 9/20 de la Cámara de Casación Penal es el documento que resuelve, tras evaluar las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la ONU, a través de su Alta Comisionado para los Derechos Humanosde la ONU, Michelle Bachelet, y otros organismos internacionales, reducir la sobrepoblación en los centros de detención como una medida de contención de la pandemia.

ACORDARON:1) Recomendar el estricto cumplimiento de las Acordadas 2 y 3 de esta Cámara.

2) Recomendara los tribunales de la jurisdicción que adopten medidas alternativas al encierro, tales como la prisión domiciliaria, con los mecanismos de control y monitoreo que estimen corresponder, respecto de:

a) Personas en prisión preventiva por delitos de escasa lesividad o no violentos, o que no representen un riesgo procesal significativo, o cuando la duración de la detención cautelar haya superado ostensiblemente los plazos previstos en la Ley 24390, en relación a los hechos imputados y tomando en cuenta las características de cada proceso;

b) Personas condenadas por delitos no violentos que estén próximas a cumplir la pena impuesta;

c) Personas condenadas a penas de hasta 3 años de prisión;

d) Personas en condiciones legales de acceder en forma inminente al régimen de libertad asistida, salidas transitorias o libertad condicional,siempre que cumplan con los demás requisitos;

e) Mujeres embarazadas y/o encarceladas con sus hijos e hijas;

f) Personas con mayor riesgo para la salud, como adultos mayores,personas con discapacidades que puedan exponerlas a un mayor riesgo de complicaciones graves a causa del COVID-19, y personas inmunodeprimidas o con condiciones crónicas como enfermedades coronarias, diabetes, enfermedad pulmonar y VIH.

Las evaluaciones en cada caso deberían determinar si es posible proteger su salud si permanecen detenidas y considerar factores como el tiempo de pena cumplido y la gravedad del delito o la existencia de riesgos procesales y el plazo de la detención, para los procesados.

3) Meritar con extrema prudencia y carácter sumamente restrictivo la aplicabilidad de estas disposiciones en supuestos de delitos graves, conforme normas constitucionales, convencionales y de derecho interno, según la interpretación que el órgano jurisdiccional haga en cada caso.

Como hemos leído hasta aquí, la acordada se toma en base a varias recomendaciones de organismos internacionales y no contempla la salida de delincuentes peligrosos.

Eso en la teoría. Lo cuál pareciera no tener asidero en la realidad, donde varias familias de víctimas pusieron el grito en el cielo porque violadores, secuestradores y otros, tuvieron (supuestamente) ese beneficio.

El presidente Alberto Fernández está de acuerdo con lo antes explicado. Avala la prisión domiciliaria en casos leves. El error… no objeta la supuesta liberación de reos peligrosos con el fundamento del covid 19 o promete investigar con trabajo articulado y eso le cuesta varias riñas internas y un aluvión de críticas hacia afuera.  Pero más que la cuestión política importa la seguridad que las personas ven amenazada.

INTERROGANTES NECESARIOS para no caer en fake news ni tendencias pegajosas

¿Es verdad que salieron de la cárcel presos por delitos graves? ¿Se pudo constatar oficialmente o son trascendidos periodísticos? ¿Cuántos?

¿Qué condena estaba purgando el preso cuestionado? Hay muchos que tenían dos o tres condenas, algunas graves pero ya las habían cumplido.

¿No era más fácil separar a los presos de riesgo para el Covid y brindarles las garantías sanitarias?

¿Cómo van a hacer para que esos presos que salieron, regresen a la cárcel a completar su pena cuando termine el aislamiento obligatorio?

¿Por qué no se informó a las familias de las víctimas lo que iba a ocurrir?

PARA TERMINAR Y EMPEZAR A ANALIZAR

Vale recordar que, en Argentina 4 de cada 10 presos tienen sentencia firme y los otros seis/10 esperan el fallo de la justicia. También recordá que las cárceles son un lugar de cumplimiento de condena y no de castigo; el preso cumple pena por el delito que cometió y esa pena es estar privado de su libertad, no se trata de “ojo por ojo”. Las víctimas y sus familias también tienen derechos los cuales deben ser respetados por la justicia. Todo lo demás, a vuestro criterio.