Tres policías y tres civiles acusados de integrar una asociación ilícita para cometer diferentes delitos fueron condenados este martes a penas que van de los seis a los 22 años de prisión.

En tanto, dos uniformados quedaron absueltos. Dentro de los hechos que le adjudican a la banda figuran varios robos, malversación de caudales y la participación en dos asaltos al banco Credicoop, uno en General Lagos y otro en zona sur.

Condena a policías

Se trata del ex jefe de la subcomisaría 26ª de Villa Gobernador Gálvez, Maximiliano Maldonado, quien fue condenado a la pena de 21 años de prisión efectiva, inhabilitación especial de manera perpetua para ejercer cargos públicos como coautor de asociación ilícita en carácter de jefe, coautor del delito de cohecho y falsificación ideológica de instrumento público, autor de incumplimiento de los deberes de funcionario público, todos en concurso real.

En tanto, su secretario Carlos Morgan fue condenado a 20 años de prisión efectiva e inhabilitación especial de manera perpetua para ejercer cargos públicos por los delitos de coautor de asociación ilícita, falsificación ideológica de instrumento público y cohecho, autor del delito de malversación de caudales públicos, en concurso real.

Por otra parte, también fue condenado el suboficial Fernando Acosta a 6 años de prisión efectiva por los delitos de coautor de asociación ilícita.

CONDENA PARA LOS CIVILES

En tanto, Oscar Berlari, uno de los civiles de la banda fue condenado a la pena de 17 años de prisión efectiva.

Humberto Aguirre, otro civil de 53 años, a 22 años de prisión; y Damián López, fue condenado a 20 años de prisión efectiva.

ABSUELTOS

Quedaron absueltos Nara Lucia R. y Javier L.

OTROS DELITOS

Además de la participación en los asaltos a sucursales bancarias, los fiscales acusaron a los distintos integrantes de la banda por una entradera ocurrida a una vivienda de la localidad de Villa Gobernador Gálvez el 3 de junio de 2015 donde se hicieron de dinero y pertenencias.

Además, el secretario de la subcomisaría de Villa Gobernador Gálvez fue acusado de haber destinado una parte de la ración periódica de alimentos, que reparte la división de logística de la provincia de Santa Fe a los detenidos y del personal policial, para otros fines. Los tenía guardados en su casa particular de la localidad de Pueblo Esther.

Los policías también estaban acusados de cobrar tres mil pesos a los detenidos alojados en la subcomisaría 26ª, permitiendo que tengan contacto con la totalidad de las dependencias de la comisaria y con el exterior de la misma.

También se mencionan entre los hecho amenazas de muerte a numerario de la subcomisaría 26° Villa Gobernador Gálvez.